Control aduanero en la importación de mercancías: aplicabilidad de equipos no intrusivos de verificación en el depósito temporal MIDECAR

Resumen

El control aduanero en zonas fronterizas constituye un elemento estratégico para la facilitación del comercio exterior y la seguridad nacional, siendo objeto de crecientes exigencias regulatorias que deben calibrarse frente a las capacidades reales de los operadores de comercio. El presente estudio analiza la viabilidad técnica, operativa y financiera de implementar equipos de inspección no intrusiva (EINI) en el Depósito Temporal MIDECAR Cía. Ltda., ubicado en Tulcán, provincia del Carchi, en atención a la Resolución SENAE-SENAE-2023-0057-RE, que establece los requisitos técnicos mínimos para dichos equipos. Se adoptó un enfoque metodológico mixto con diseño de estudio de caso único y análisis longitudinal retrospectivo-prospectivo del período 2018-2024, aplicando muestreo censal exhaustivo sobre la totalidad de operaciones del depósito: 537.679 toneladas de importaciones, 327,47 toneladas de exportaciones y 13.072 contenedores procesados. El componente cuantitativo empleó estadística descriptiva, proyecciones econométricas mediante mínimos cuadrados ordinarios y evaluación financiera con Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y análisis de flujos de efectivo descontados al 12%. Los resultados muestran que MIDECAR opera principalmente en carga suelta (56,85% del valor operativo), con participación marginal en carga contenerizada (36,74%), procesando un promedio de 1.835 contenedores anuales equivalentes al 0,048% del volumen total del Distrito Tulcán. El análisis financiero revela inviabilidad absoluta del proyecto: VAN de -$5.676.918,83, TIR de -39,70% y relación costo-beneficio de 16:1. Para alcanzar rentabilidad mínima, la tarifa por contenedor inspeccionado debería ser de $980,00, cifra 28 veces superior al estándar de mercado. Se concluye que los impedimentos técnicos, operativos y financieros son objetivos e insuperables. La certificación BASC vigente desde 2019 cumple funciones de control alternativo que superan estándares internacionales, configurando una redundancia regulatoria cuyo costo compromete la sostenibilidad de un operador en zona fronteriza económicamente deprimida.